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La Fiscalía abre una investigación por extracciones ilegales de agua en el río Guadiaro

Los ecologistas denuncian que «se le han robado millones de metros cúbicos de agua para riegos de frutas tropicales intensivas en tierras de secano»

Un padre se baña con su pequeño en el río Guadiaro. Foto Karl Smallman.

Verdemar Ecologistas en Acción ha informado este jueves de que la Fiscalía de Málaga ha abierto unas diligencias de investigación preprocesales ante la denuncia presentada por el colectivo por la falta de caudal del río Guadiaro a su paso por la provincia malagueña a raíz de supuestas extracciones de agua superficiales y del acuífero.

Así lo han asegurado en un comunicado, apuntando que hace unos meses pusieron en conocimiento de la Fiscalía malagueña que «al río Guadiaro se le han robado millones de metros cúbicos de agua para riegos de frutas tropicales intensivas en tierras de secano». Ahora, albergan «un rayo de esperanza» ante el inicio de estas diligencias de la Fiscalía.

«Creemos que son hechos muy graves que hay que investigar, algunas actuaciones pueden ser constitutivas de un delito penal», han indicado desde Verdemar EA, recordando que denunciaban que el río en el término municipal de Casares (Málaga) y en la provincia de Cádiz «llevaba su cauce sin agua y murió todo ser viviente».

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Al respecto, señalaban que en su cauce seco «se podían observar miles de caracolas acostilladas muertas (Melanopsis cariosa) (Linnaeus, 1767)» y que la falta de caudal también «afectó a los mejillones de agua dulce o náyades (Unio spp), moluscos bivalvos de agua dulce que encuentran en este río sus poblaciones muy reducidas y localizadas, que por su falta de movilidad y crecimiento lento son de difícil recuperación».

Según afirmaron, «las zonas regables en secano han aumentado más de 1.000 hectáreas en toda la unidad fisiográfica y la Junta de Andalucía ha estado dando concesiones sin las previas autorizaciones ambientales».

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Asimismo, han apuntado que todas estas circunstancias estaban ocasionando «impactos significativos» en la Zona de Especial Conservación del Río Guadiaro, protegido por normativas europeas y por la Ley de Aguas, señalando que «la Junta de Andalucía puede ser responsable de esta situación».
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