La Junta crea en el Juzgado de Ronda una sala de acogida para víctimas de violencia de género
Esta iniciativa obedece a la necesidad de evitar que en las sedes judiciales la víctima y el agresor coincidan en el misma espacio
Esta iniciativa obedece a la necesidad de evitar que en las sedes judiciales la víctima y el agresor coincidan en el misma espacio
A Francisco Macías se le investigaba por un presunto delito de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y estafa. Ahora la juez ha dictado el sobreseimiento de las imputaciones
En caso de ser condenados, para el delito de falsedad documental podrían enfrentarse a una pena de prisión por un periodo que va desde los 3 a los 6 años. Además ello conllevaría igualmente entre 2 y 6 años de inhabilitación para ocupar cargo público. Mientras, para el delito de estafa podrían enfrentarse a una pena de cárcel de entre 6 meses y tres años.
Los acusados tienen cinco días para apelar la decisión antes de que se abra el juicio oral
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha descartado seguir las indicaciones de la Fiscalía de Málaga para el sobreseimiento y archivo de las imputaciones que pesaban sobre la ex alcaldesa socialista de Ronda, Teresa Valdenebro, y otros implicados
Para la provincia de Málaga se invertirán más de 344.000 euros para la incorporación de 15 nuevos interinos del cuerpo de tramitación que irán destinados a los juzgados que tienen competencias en materia de violencia de género: Antequera, Vélez-Málaga, Torremolinos, Coín, Archidona y Ronda, entre otros
En concreto, se incorpora Miguel Ángel Romero Murillo, graduado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, y Miguel Gutiérrez Ruiz, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y experto en asesoría de empresas y en Derecho de Sucesiones y Registral
El Ayuntamiento argumenta el precinto de este complejo en el hecho de que no se están respetando las medidas de conservación y de seguridad que se han establecido para un mantenimiento adecuado del recinto
Desde el Ayuntamiento se argumenta que no se cumplen las normas establecidas para su conservación y desde la empresa se afirma que volverán a denunciar a la alcaldesa y a los concejales responsables de esta medida que catalogan como «un atentado a la propiedad»
Según la acusación «generó lazos de confianza» con los menores y les solicitó sus números de teléfono y datos de contacto para poder chatear con ellos por WhatsApp e Instagram