Ronda

Un empresario pide a un juez que investigue si algunos responsables del Ayuntamiento han podido incurrir en delitos de falsedad documental y prevaricación

Todo viene como consecuencia del procedimiento administrativo que firmó la alcaldesa y la secretaria municipal sobre la clausura de unas cuadras situadas en el Camino de los Molinos. Sus abogados afirman que se podría haber alterado un auto judicial

La orden de intervención de la propiedad fue firmada por la alcaldesa y por la secretaria municipal.

Un empresario rondeño, que mantiene una actividad de ganadería equina, ha solicitado al titular del Juzgado de lo Contencioso-Aministrativo número 3 de Málaga que abra una investigación para aclarar si algunos responsables del Ayuntamiento de Ronda podrían haber incurrido en un presunto delito de falsedad documental y de prevaricación, por haber ordenado de forma indebida la realización de un acto administrativo, por el que recientemente se le clausuraron las instalaciones de su negocio.

El Ayuntamiento de Ronda procedió el pasado 21 de junio a la clausura de unas instalaciones situadas en uno de los caminos de acceso a Los Molinos del Tajo en una actuación impulsada por las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente. Según explicó el responsable municipal de estos departamentos, Francisco Márquez (PSOE), se trata de la culminación de un largo proceso iniciado en 2015 por el propio Consistorio y que hasta ahora no ha contado con la pertinente autorización judicial.

También dijo que en estas instalaciones se habían detectado hasta cuatro infracciones en aspectos tales como la depuración de aguas, protección y garantía de sanidad animal y calificación ambiental con la que tampoco se contaba para desarrollar esta actividad. Márquez ha matizado que el propietario de este espacio ya había retirado todos los animales que allí se encontraban en el momento de la llegada de los cuerpos de seguridad, Policía Local y Nacional, Guardia Civil (SEPRONA), y técnicos municipales que procedieron al cierre y precinto de las instalaciones.

Discrepancias

Pues bien, a raíz de esa actuación es cuando se generan las discrepancias entre el Ayuntamiento y el empresario afectado, que a través de sus abogados ha remitido un escrito al juez alertándole de varias posibles anomalías e irregularidades en el procedimiento seguido por los responsables municipales.

Según afirman los abogados del empresario en este escrito, “el juzgado al que tengo el honor de dirigirme dictó auto mediante el cual autorizaba al Ayuntamiento de Ronda para acceder a las instalaciones del Picadero de la Granja, en el Camino de los Molinos (calle Prado número 27) a fin de clausurar y precintar cuantos elementos en ellas relacionados con animales (picaderos, abrevaderos, boxes o cualesquiera otros)”,

Sin embargo, en la notificación que remite el Ayuntamiento, firmada por la alcaldesa Teresa Valdenebro (PSOE), y la secretaria municipal, Inés Carolina Fábregas, se indica que “se proceda a ejecutar subsidiariamente por el Ayuntamiento de Ronda la clausura y precinto de cuantos elementos existan en las instalaciones denominadas Picadero La Granja (calle Prado número 27 de la localidad) y aledaños, relacionados con animales (picaderos, abrevaderos, boxes o cualesquiera otros”.

En este sentido los abogados consideran que “el Ayuntamiento no ha tenido escrúpulo alguno en incluir el término “y aledaños” al contenido de un Auto firme, el cual en ningún momento se refiere a aledaños alguno, sino que se circunscribe a la autorización de entrada  sita en la calle prado número 27 y no otra”. En este punto los letrados ponen la mirada sobre la alcaldesa y la secretaria municipal, que son quienes firman el documento de intervención y clausura de las instalaciones. A juicio de los abogados, además de los presuntos delitos anteriormente mencionados también puede suponer “una vulneración flagrante de los derechos de mi representado”.

Y, ¿por qué tiene tanta importancia la palabra aledaños?

El empresario y sus abogados entienden que el hecho de que desde el Ayuntamiento se introdujese la palabra aledaños permitió a los agentes de la autoridad que intervinieron en la clausura de las cuadras, no sólo precintaran este edificio, sino también el solar del antiguo campo de fútbol de los salesianos que se encuentra justo al lado de las cuadras y que el empresario viene gestionando desde hace años a través de un arrendamiento verbal que tenía con los antiguos propietarios.

Sobre este apartado, al introducir esta palabra que no estaba en el auto judicial “existe para esta parte la sospecha que el hecho de incluir el término “y aledaños”, obedece a una intención de favorecer al propietario de la finca contigua a la calle Prado número 27”, en concreto la entidad Nam Mando SL, que adquirió estos terrenos en 2017 tras comprárselos a los salesianos.

También se recuerda que el equipo de Gobierno Tripartito tiene la intención de situar un aparcamiento público en ese antiguo campo de fútbol para ampliar los estacionamientos en el barrio de San Francisco y “de la forma en la que ha actuado, el Ayuntamiento habría ahorrado al propietario de la finca registral número 6051 un procedimiento de desahucio frente a mi demandante aprovechando un procedimiento de entrada a domicilio para una finca colindante, con lo cual se han vulnerado todos los derechos de mi demandante a un proceso con todas las garantías, y a la tutela efectiva de los jueces y tribunales”.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, tras recibir este escrito del empresario, ha instado al Ayuntamiento de Ronda a que presente alegaciones sobre el mismo en el plazo de tres días, e igualmente ha trasladado el asunto a la Fiscalía para que informe, igualmente en el plazo de tres días.

Caso boda

Hay que recordar que como consecuencia del conocido como ‘caso boda’ que investiga un juzgado rondeño, han sido citados a declarar en calidad de investigados por un presunto delito de falsedad documental siete personas: el ex concejal socialista José María Jiménez, la novia, el novio, una funcionaria del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, la alcaldesa, Terersa Valdenebro, el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Carlos Orozco, y una segunda funcionaria, la secretaria de la Alcaldía.

Ahora, con este caso de las cuadras, los tribunales tendrán que aclarar si estamos ante otro presunto delito de falsedad documental en el Ayuntamiento que hay que investigar, o bien optan por archivar el asunto.

Silencio en el equipo de Gobierno Tripartito

Como es habitual en estos casos, hemos intentado recabar la opinión de la alcaldesa, Teresa Valdenebro sobre este asunto, y su silencio ha sido la respuesta.


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