Ronda

Los 72 afectados por los impagos del CEDER paralizan las protestas y dan un nuevo plazo a la Junta para que abone las subvenciones

Habían programado una manifestación, un encierro en una sede autonómica y la colocación de una gran pancarta en la calle Espinel en plena campaña electoral

La última reunión de los afectados fue el miércoles noche en la sede de Apymer.

Los 72 afectados por los impagos del desaparecido Centro de Desarrollo Rural de la Serranía (CEDER) han decidido, en una reunión mantenida en la noche de este pasado miércoles en la sede de Apymer, paralizar de forma temporal las acciones de protesta que tenían programadas, para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con su compromiso y abone los 1,2 millones de euros que se les debe en su conjunto.

Entre estos afectados se encuentran promotores privados, ayuntamientos de la Serranía, empresas e incluso asociaciones benéficas que pusieron en marcha proyectos en los que el CEDER subvencionaba parte de la inversión con fondos europeos que gestionaba la Junta de Andalucía. Sin embargo, nunca llegaron a percibir ese dinero y al cerrar este organismo se les complicó aún más la situación. De eso hace ya cuatro años y medio.

Ante los continuos incumplimientos de los plazos fijados por la Junta para abonarles las subvenciones, los afectados decidieron inicialmente poner en marcha en los próximos días, y en plena campaña electoral, diversas acciones de protesta, como una manifestación, un encierro en una sede autonómica y la colocación de una gran pancarta en la calle Espinel denunciando la situación en la que se encuentran.

Sin embargo, y a última hora, estas movilizaciones se han paralizado después de que el pasado lunes se mantuviera una reunión con el director general de Desarrollo Rural y de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel García Benítez, en la que participaron la alcaldesa, Teresa Valdenebro, la concejal Isabel María Barriga, y tres afectados, como representantes del colectivo.

En este encuentro este responsable autonómico les expresó que había recibido instrucciones de sus superiores de que este asunto era “prioritario para el Gobierno andaluz” y que los técnicos estaban trabajando para realizar un cambio normativo que permita utilizar los fondos de transición para efectuar los pagos a los afectados.

Ante este nuevo anuncio, se ha acordado fijar otro plazo, en esta ocasión hasta el 15 de julio, para que la Junta les remita la carta de pago. Al mismo tiempo los afectados han exigido que se les tenga informados, de forma diaria, de qué pasos se están dando y cómo van las gestiones. De no ser así, se podrán en marcha las protestas.

Hay que recordar que entre los afectados se encuentra el propio Ayuntamiento de Ronda, al que se le adeudan 112.000 euros.