miércoles, 1 de julio de 2026
Ronda

Ecologistas contra la Casa Rúa

Presentan alegaciones contra el Plan Parcial que propone el desarrollo de este proyecto urbanístico. Los colectivos conservacionistas y partidos políticos del llamado arco verde han presentado alegaciones al plan parcial del proyecto urbanístico de la Casa Rúa. Tras años de batalla judicial, la familia Sánchez Robles lograba una victoria en los tribunales  que le reconocía …

Javier Flores González
Javier Flores González
Publicado 28/08/2012 · 10:31Lectura · 2 min

Presentan alegaciones contra el Plan Parcial que propone el desarrollo de este proyecto urbanístico.

Los colectivos conservacionistas y partidos políticos del llamado arco verde han presentado alegaciones al plan parcial del proyecto urbanístico de la Casa Rúa. Tras años de batalla judicial, la familia Sánchez Robles lograba una victoria en los tribunales  que le reconocía derecho a desarrollar el plan de urbanización presentado al Ayuntamiento y que el Consistorio había rechazado, provocando que se tuviese que realizar una modificación forzosa del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para recoger este proyecto. Eso sí, con una notable reducción de sus dimensiones, tras un acuerdo entre los promotores y los responsables municipales.

Ahora, una vez presentado el plan parcial de este proyecto, han llegado  las alegaciones que apuntan a que el mismo no atiende los más “elementales” criterios de racionalidad y sostenibilidad, al tiempo que considera que sería “ilegal” en referencia a diversas normativas, general y sectorial, estatal, autonómica e internacional que sería de aplicación en dicho plan parcial.

Los ecologistas también consideran que este proceso de información pública está afectado de “invalidez”, un hecho que se derivaría de estar motivado por la firma de un convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Ronda y la propiedad, en lugar de estar motivado por una revisión. Además, también acusan a los servicios técnicos municipales de Obras de haber prescindido de la “totalidad” de la legislación aplicable, al asegurar en sus informes que los usos contemplados son “plenamente compatibles” con el planeamiento y la legislación.

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