La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-ley 7/2026, de 29 de abril, una normativa de urgencia diseñada para fomentar los usos silvopastorales en los montes de la comunidad autónoma como escudo natural frente a los incendios forestales. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, ha sido la encargada de defender un texto que califica de «estratégico» para coordinar la gestión del territorio y auxiliar a la ganadería extensiva.
La urgencia del decreto se argumenta en el anómalo comportamiento meteorológico de los primeros meses de 2026. Un intenso tren de borrascas dejó entre enero y febrero acumulaciones de entre 200 y 300 litros por metro cuadrado en diversos puntos de la geografía andaluza, al que ha sucedido un incremento térmico radical durante la primavera. Desde la perspectiva técnica y forestal, este escenario ha provocado una proliferación masiva de pastos frescos que, al secarse con el calor, se convierten en un peligroso combustible vegetal susceptible de arder.
Para contrarrestar de forma rápida esta situación de riesgo de cara a la campaña estival, el Decreto-ley activa una serie de medidas de aplicación directa. Por un lado, se aprueba la bonificación del 100% del canon, por lo que los ganaderos adjudicatarios quedarán completamente exentos del pago de las liquidaciones por aprovechamiento de pastos en montes públicos propiedad de la Junta de Andalucía durante el plazo de un año. El propósito de este incentivo es introducir de forma inmediata cabezas de ganado en las zonas sensibles. Por otro lado, las futuras licitaciones públicas de terrenos forestales ponderarán de forma prioritaria la contribución de la actividad ganadera a la prevención de fuegos, regulando el pastoreo como un servicio ecosistémico de interés general. Además, el texto normativo obliga a los beneficiarios a asegurar la utilización efectiva de las hectáreas asignadas, evitando el abandono y asegurando el desbroce natural de la maleza.
Durante su comparecencia parlamentaria, García ha reivindicado el pastoreo controlado como una herramienta histórica, eficaz y sostenible que fragmenta la continuidad de las masas boscosas, ayuda al mantenimiento de las fajas cortafuegos y optimiza la vigilancia activa gracias a la presencia diaria de los trabajadores del campo en las sierras. Además de la vertiente de seguridad, la consejera en funciones ha enumerado los retornos sociales y ecológicos de los usos silvopastorales, vinculados al incremento de la biodiversidad, la fijación de la población al entorno rural y la protección de razas ganaderas autóctonas. La Junta enmarca este decreto dentro de una inversión anual de 300 millones de euros destinados a políticas de prevención, lucha contra el fuego y desarrollo del medio rural, coordinada con el Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 y la Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva.
