Opinión

Memoria/Mordaza (Francisco Pimentel)

Una de las características del fascismo es imponer el silencio. La libertad de expresión y el fascismo no pueden coexistir. En un primer momento el fascismo se envuelve en ropajes aparentemente democráticos y levanta la voz exigiendo que le dejen hablar. Luego conforme habla va ocupando más y más espacio y restringiendo la voz de los demás. Desde el poder usan todos los medios para que no lleguen a nuestros oídos las noticias que nos interesan, o las distorsionan y las vuelven del revés.

Con el nazi-franquismo España ha vivido la etapa más negra de su historia. Impusieron el silencio de los cementerios. Y se dedicaron 40 años a robar, esquilmar y mantenernos en la miseria y la ignorancia. Y todavía peor es que se dedicaron a inventar una historia y unos hechos que nada tenían que ver con la realidad.

Ahora estamos llegando de nuevo al punto de hacernos callar con la ley mordaza. Dice Carlos Jiménez Villarejo: “La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana ha devaluado gravemente el valor constitucional de la Justicia, al tiempo que restringido ampliamente lo que define un Estado democrático: la capacidad de los ciudadanos para controlar los abusos del poder”.

Esta ley enseña sus credenciales fascistas cuando bajo el enunciado de “protección de la seguridad ciudadana” pretende que los derechos y libertades no sean meras declaraciones formales y asegurar el ejercicio de los mismos frente a los que denomina “diversos fenómenos ilícitos”. Todo, en nombre de ese concepto tan indefinido como peligroso para la democracia como “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Para garantizarla, todo vale. A tal fin, se fortalece la capacidad intervencionista de la policía, se restringen derechos ciudadanos y se amplían desmesuradamente las infracciones administrativas. Convirtiéndose uno de los fines esenciales de la Ley en uno tan impreciso y de estricta valoración policial como “la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Estamos ante una ley que devalúa gravemente el valor constitucional de la justicia, al tiempo que ha restringido ampliamente lo que define un Estado democrático: la capacidad de los ciudadanos para controlar los abusos del poder. Lo que lleva a discutir seriamente, como ya se acreditará, su evidente inconstitucionalidad.

Con esta ley ya no podremos enterarnos, ni criticar, ni manifestar nuestro disgusto y condena por los casos de corrupción. Todo lo que sabemos, que no es mucho, del saqueo al que España ha sido sometida y sigue siéndolo, quedará en nada con la aplicación de esta ley.

Puede dar la impresión que esta ley solamente es para las grandes protestas y manifestaciones, pero no es así, porque puede ser aplicada a cualquier nivel, y todos los casos de corrupción y corruptelas, amiguismos y enchufes que se dan en todos los estamentos.

Con la república nuestra gente quiso poner fin a tanto latrocinio, hambre, despilfarro e ignorancia, pero los bárbaros volvieron a truncar una vez más esos anhelos de libertad, igualdad y fraternidad, que nos fueron arrebatados a los andaluces.

Impusieron la ley mordaza definitiva: el silencio de los cementerios, de las fosas, desde donde nuestros antepasados están a la espera de la verdad, la justicia y la reparación.


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