Opinión

Memoria/…Alegaciones (Francisco Pimentel)

La Ley no puede ser tan restrictiva y debería permitir las actuaciones particulares de familiares siempre que acrediten profesionalidad y rigor. Exactamente igual que hará la administración que recurrirá a subcontratas privadas o a departamentos universitarios, sobre los que no tendremos control si se aprueba la ley tal como está. Con la judicialización y el secreto de sumario las exhumaciones pierden la potencialidad pedagógica que han tenido en los últimos 10 ó 12 años, donde los familiares, vecinos y voluntarios participan de manera abierta y los periodistas y documentalistas dan fe de todo lo sucedido sin ninguna traba. Sin duda, esta visión abierta del proceso (noticias con cráneos agujereados y familias agolpadas en torno a la fosa) es la que ha cambiado la percepción social del franquismo. Ahora se plantean las exhumaciones como algo hermético.

La escasa partida presupuestaria para exhumaciones hace que su resolución pueda tardar 50 años y mal se comprende que se ponga tope para iniciar procedimientos de localización a los familiares hasta el tercer grado. También parece escasa la transparencia, que tiene que ser práctica cotidiana, pues es uno de los factores del éxito social de las intervenciones en fosas. Es incomprensible que no se den a conocer públicamente los informes de localizaciones y exhumaciones realizadas o subvencionadas por la Junta de Andalucía. Se crean dudas cuando se habla de “dignificar” y no “exhumar”. Sobre todo cuando conocemos las partidas dispuestas a invertir y la nula colaboración de personal cualificado (arqueólogos, forenses, laboratorios, etc.) dependientes de la Junta u otras instituciones públicas (universidades). De igual manera preocupa la burocratización y posible arbitrariedad de “los silencios” administrativos. No puede ser que la burocracia administrativa marque los ritmos, en este caso a la iniciativa de las entidades y familiares, y que cuando, “no se dicte resolución expresa en tres meses”, se entenderá desestimada. Asimismo crea bastantes dudas cuando dice “Los restos que hayan sido trasladados y no sean reclamados deberán ser inhumados en el cementerio correspondiente al término municipal en el que se encontraron”. ¿En el osario general?, ¿en un mausoleo como el levantado en Málaga?, ¿en unos nichos como se hizo en Ubrique?

Confusión y polémica poniendo Día de las Víctimas del franquismo, el 14 de junio. La única fecha con un sentido claro para ello es el 17 de Julio, asesinato del Capitán Leret y otros, pues es entonces cuando comienza la matanza fundacional del franquismo. Lugares de la Memoria Histórica es como se comprende, ampliando sus prerrogativas legales y medios para hacerlo efectivo, porque de otro modo, las entidades locales dificilmente harán nada. De especial interés y llamativo es todo lo relativo a este título del proyecto de Ley que parece querer controlar el movimiento memorialista mediante la creación de un nuevo registro sin otra finalidad que cambiar la denominación de Histórico a Democrático. Controlar y arropar a personas o asociaciones afines. Algunas disposiciones son difíciles de comprender como por ejemplo la disposición quinta que hace referencia a que el Gobierno de Andalucía instará al Gobierno de España para que se declaren nulos los juicios y, por lo tanto, las sentencias o acuerdos de tribunales militares o del TOP. Queremos exigir no instar a terminar con esas sentencias que fueron hechas criminalmente e ilegalmente a punta de pistola. Es necesario anular toda la legislación franquista, pero empezando porque esa reparación que debe continuar a la verdad y la justicia sea que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas empiece por reconocer la iniquidad de esas sentencias redactadas por asesinos a sueldo de financieros y especuladores. De igual manera la sexta, se refiere a la inscripción de los asesinados en los Registros Civiles. ¿Qué significa, en la práctica, impulsar la inscripción?

Finalmente no obstante hay que resaltar el interés de la Junta por la cuestión de la Memoria Histórica y el deseo de hacer frente a políticas públicas de memoria respecto a la represión franquista. Así mismo su consideración como crimen contra la humanidad. Pero hay que recordar que la Memoria Histórica es una cuestión que atañe a toda la sociedad andaluza y muy especialmente a nosotros los familiares.

(Por suerte y por el cambio de los tiempos ahora tenemos la ONU de parte de los pueblos de España y el plazo de un año dado al gobierno para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo ya empezó el día 15 del pasado mes de Noviembre. Hoy quedan 182 días).


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