Opinión

Un país de locos y dividido (Antonio Sánchez Martín)

No sé si seremos un país de locos o de chiflados, pero muy cuerdos no deben andar nuestros políticos cuando intentan manipular a la justicia para ponerla de su lado y permanecer en el poder a toda costa, o por el contrario la usan para acosar al gobierno y derribarlo. Por si fuera poco, algunos jueces, lejos de quedarse al margen, se suman a la movida e intentan a su vez judicializar la vida política.

Resulta aberrante que en una democracia se le permita a la clase política entrometerse y “contaminar” a la Justicia nombrando, por ejemplo, a los miembros del Consejo del Poder Judicial desde el Parlamento, donde algunas leyes parecen que se redactan a medida de los intereses del partido que  gobierna y no de los gobernados.

Politizar la justicia es una insensatez y un error; pero que los jueces se entrometan en política es un error aún más grave; como pudo ser un error que en su día el juez Garzón figurara en la candidatura electoral de un determinado partido político, fuera Diputado del Congreso, y luego se le permitiera regresar de nuevo a la Audiencia Nacional. Porque los jueces, como los militares, no deben manifestar criterios políticos que puedan afectar al ejercicio de sus funciones.

Ahora, desde el ámbito político se recusan decisiones suyas como las de ordenar escuchas que implican a altos cargos del partido de la oposición en asuntos de corrupción, o se le acusa de prevaricación por archivar una demanda contra un conocido banquero cuya entidad financió los cursos que el controvertido juez impartió en el extranjero. Y es que, como diría un castizo: “No se puede estar en misa y repicando”. O se está en la política, o se está en la judicatura, porque ambas cosas a la vez resultan una mezcla explosiva.

Pero al margen de estas cuestiones, sólo en un país de locos se concibe encausar a un juez por permitir que familiares de desaparecidos en una Guerra Civil, que terminó hace setenta años, puedan recuperar sus cuerpos. A la muerte del dictador, las responsabilidades de aquella maldita contienda fraticida se cerraron en falso porque España tenía entonces mucho más que ganar en democracia que arriesgando su futuro en procesos de involución que seguramente habrían dado al traste con una regeneración democrática que supuso para nuestro país los treinta años de mayor progreso y bienestar de toda su historia, amen de situarnos de  nuevo en el plano internacional como una nación de primer orden.

No sé qué norma del ordenamiento jurídico puede haber transgredido el juez Garzón para verse encausado en un proceso de inhabilitación. Es cierto que el cumplimiento de las leyes afecta a todos los ciudadanos por igual, incluidos los magistrados, que deben ser los primeros en cumplirlas para predicar con el ejemplo, pero lo que se pregunta el ciudadano de la calle, -por lo general lego en derecho, como es mi caso-, es si ese cumplimiento se extiende también a las leyes que puedan ser injustas o anacrónicas, como es el caso de una ley que impide hacer uso de un derecho preeminente de cualquier persona como es el de enterrar a sus difuntos con la dignidad que todo ser humano se merece, a costa de preservar las responsabilidades políticas de los asesinos.

Me temo que el debate no se centra exclusivamente en términos jurídicos, sino más bien políticos, porque la escasa talla de nuestra clase política está emponzoñando el debate y la paz social de nuestro país. Unos, por promulgar una Ley de Memoria Histórica que pretende revisar sólo las causas imputables al franquismo, y otros, con mayor o menor razón, porque acusan a los a los primeros de organizar desde la judicatura “persecuciones políticas” teledirigidas.

La guerra que sostienen entre ellos se ha trasladado a la calle y está dividiendo a la sociedad. La gente ya no se plantea quién lleva la razón en cada caso, sino que el ambiente se ha radicalizado en extremo y cada cual toma partido por unos o por otros, como si fueran simples aficionados de un club de fútbol que pretenden ganar al rival de cualquier forma, aunque sea por un error arbitral en el último minuto.

Hace treinta años, en las primeras convocatorias electorales, los ciudadanos recogían la propaganda electoral y leían los programas de los diversos partidos antes de emitir su voto. Ya no. Hoy se vota “contra el rival político”. No caben razones ni argumentos. Si los míos son malos, los tuyos lo son más. Si en mi partido hay ladrones, en el tuyo los hubo antes y robaron mucho más. Incluso hasta hace poco, el lector recordará que en las campañas electorales los líderes de los principales partidos (-lo de líderes es un eufemismo-), se negaban a debatir sus programas ante las cámaras.

Todo se ha convertido en puro marketing, donde cada partido usa los medios de comunicación para hacer publicidad de sus propuestas y para atacar a los adversarios políticos con una agresividad sin límites, con la irresponsabilidad de quien compara la política con una simple mercancía publicitaria y trata de demostrar que su detergente o su zumo de naranja es mejor que el de la marca rival. Sólo les interesa que les entreguemos nuestro voto para hacer y deshacer a su antojo durante cuatro años. Mientras, los ciudadanos contemplamos impotentes como la temeraria irresponsabilidad de nuestra clase política pone en riesgo la convivencia y la paz social de nuestro país.

No es que vivamos en un país de locos. Vivimos en un país dividido, al que han partido en dos la clase política y los medios de comunicación que éstos controlan. Así no se puede seguir. A ninguna sociedad democrática le interesa que los asesinos anden sueltos por la calle o que un puñado de ladrones encubiertos saquee las instituciones que administran los intereses generales y garantizan el bienestar de los ciudadanos.

Ni los desaparecidos de la Guerra Civil pueden permanecer por más tiempo en una fosa común, ni los ladrones deben andar sueltos ni un minuto más por nuestras calles. Ya es hora de que los muertos descansen en paz y los ladrones vayan a la cárcel, sin distinción si aquellos fueron de izquierdas o de derechas, o éstos últimos son hijos de papá, del PP, o del PSOE, porque en todas partes cuecen habas, y por ello huele mal. 


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