Ronda

El PP preguntará al Tripartito si va a mantener como jefe de la Policía Local a una persona que está condenada por un delito de lesiones

Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga condenó en 2015 al subinspector por un delito de lesiones a una pena de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. No cumplió la pena de cárcel, que quedó supeditada a que no delinca en dos años

El nuevo jefe de la Policía Local, junto a la edil de Seguridad y a la alcaldesa el día de su nombramiento.

El Grupo Municipal del Partido Popular va a preguntar al equipo de Gobierno Tripartito (PSOE, PA e IU) si va a mantener en el puesto de jefe de la Policía Local de Ronda a una persona que ha sido condenada por un delito de lesiones. Así lo ha expresado esta mañana en una rueda de prensa el edil popular, Antonio Arenas, quien ha comparecido junto a la portavoz de esta formación, Maripaz Fernández, y la concejal María del Carmen Martínez.

Arenas en un principio señaló que “nosotros siempre respetamos la presunción de inocencia de cualquier persona”, refiriéndose el proceso judicial que hay abierto contra este mando por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz por presuntamente amañar unas oposiciones de acceso a la Policía Local en Puerto Serrano. Pero a reglón seguido añadió que “hemos tenido conocimiento a través de medios de comunicación provinciales, regionales y nacionales que este señor ha sido condenado por un delito de lesiones y ello supone una situación que nos sorprende, ya que ocupa un puesto de responsabilidad pública”.

Con anterioridad, el Grupo Popular de Ronda ha formulado dos preguntas al Tripartito en relación con este tema. En la primera esta formación se interesaba por saber si el Gobierno local, y especialmente la concejal de Seguridad, Paqui González (IU), tenía constancia de que el jefe de la Policía Local estaba procesado por un presunto delito continuado de prevaricación. En la segunda se preguntaba si tenían conocimiento de que estaba condenado por un delito de lesiones.

Según publicaron recientemente los periódicos ABC y La Opinión de Málaga, el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga condenó al agente por un delito de lesiones a una pena de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, el pasado 2015.

Sin embargo, el juez suspendería por dos años dicha pena apercibiendo de que, en el caso de que delinquiera durante ese periodo, podría revocar la suspensión acordada y proceder al cumplimiento de la pena inicialmente impuesta.

Según recoge la sentencia, que es firme, Cintado se citó con R.G.M. el día 8 de mayo de 2012 en las inmediaciones del bar El Chozo de la localidad de Arriate con la finalidad de pedirle explicaciones a consecuencia de la actitud que este último había mantenido con su novia. Acto seguido, se inició una discusión en el transcurso de la cual el agente, con ánimo de atentar contra la integridad, propinó a R.G.M. varios puñetazos en la cara.

«Como consecuencia de tales hechos, el perjudicado, R.G.M., sufrió lesiones consistentes en contusión malar izquierdo y pequeño eritema; eritema en pabellón auditivo izquierdo y eritema de membrana timpánica, así como rotura de pequeño fragmento del tercer molar superior izquierdo, requiriendo para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento odontológico y siendo necesario para su completa recuperación lesional 5 días, uno de ellos impeditivo para el ejercicio de sus ocupaciones habituales», recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Por el conjunto de hechos, Miguel Ángel Cintado también debía indemnizar a R.G.M. en la cantidad de 1.043,61 euros, debido a las lesiones sufridas y al tratamiento odontológico.

«No tengo nada que hablar del tema. Fue algo que ocurrió fuera del trabajo», explicó el agente a La Opinión de Málaga, sin querer declarar nada más sobre el asunto.

Procesado

Según publicó el diario ABC, con fecha 21-10-2015, además de otros medios de comunicación regionales, seis mandos de la Policía Local de sendos municipios andaluces han sido procesados por un delito continuado de prevaricación por supuestamente prestarse a amañar las oposiciones convocadas en 2012 en el municipio gaditano de Puerto Serrano con el objetivo de «colocar» al yerno de uno de ellos y al del entonces regidor, Pedro Ruiz Peralta (IU).

Según el auto emitido por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera (Cádiz), se «orquestó» un procedimiento para que —«de antemano»— se otorgase una plaza a Raúl G.V. y David G.G., presuntos yernos del citado exregidor de Puerto y del actual jefe de la Policía Local de Antequera, Enrique Ruz, respectivamente.

«Salvaron distintos obstáculos que se presentaron en dicho procedimiento para que los opositores referidos accediesen a una de las plazas, repitiendo sin justificación alguna de las pruebas […], así como elevando su nota en el —examen— tipo test hasta alcanzar el mínimo previsto», afirma la autoridad judicial, quien advierte de la «concurrencia de una serie de irregularidades  con el único fin, y así fue, de que el yerno del alcalde obtuviese un puesto».

Pedro Ruiz Peralta, «prevaliéndose de la posición que ostentaba, diseñó el procedimiento selectivo», señala el magistrado Alejandro Carrillo, quien agrega que Miguel Ángel Cintado, entonces jefe de la Policía Local de Puerto Serrano, supuestamente «eligió a los miembros del tribunal entre personas de su confianza con el fin de cumplir el propósito del alcalde».

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que el nombre del exregidor de este municipio gaditano copa titulares por acciones sospechosas. Fue condenado por delitos urbanísticos y Anticorrupción lo acusaba de «enchufismo» continuado de familiares. Estos escándalos no le impidieron ser alcalde ininterrumpidamente durante más de dos décadas.

El instructor de esta caso considera que el jefe de la Policía Local de La Puebla de Cazalla (Sevilla), Francisco Javier Rodríguez Gijón, presidente del tribunal de las oposiciones, «facilitó que David G.G. repitiese la prueba de salto para superarla»; mientras que su homólogo de Antequera, que también formaba parte de la terna evaluadora, utilizó la designación del vocal J.M.P.G., subordinado suyo, «con el fin de favorecer a su yerno».

No son los únicos mandos policiales procesados. En la misma situación judicial se encuentran los máximos responsables de las policías locales de Osuna (Sevilla) y Arriate (Málaga), Juan José Ramírez y Antonio Iglesias Gallardo, respectivamente, así como el subinspector de Puente Genil (Córdoba) Rafael Ruiz Estepa, que fueron vocales del tribunal y que presuntamente «toleraron y cooperaron con las irregularidades descritas».

El auto refleja que los dos opositores imputados se presentaron al concurso público de empleo «a sabiendas de que, independientemente de cómo realizasen las pruebas, resultarían aprobados».

Junto a todas estas personas, también están encausados otro vocal del tribunal —José Mario Pérez— y el secretario del proceso selectivo, Francisco Javier Santos, al que también se imputa que «permitió» las supuestas ilegalidades.

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera argumenta la actuación penal en este caso —en vez de la contencioso-administrativa— defendiendo la necesidad de actuar cuando «la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública, se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado o a los intereses de la administración pública en un injustificado abuso de poder».

La cifra total de imputados alcanza la docena y contra el auto cabía recurso de reforma.

La autoridad judicial, a parte del presunto «pucherazo» en las oposiciones de la Policía Local, acusa al exalcalde de Puerto Serrano y a su yerno de otro delito de prevaricación continuada relacionado con un presunto caso de «enchufismo». En el auto se relata que  Pedro Ruiz Peralta supuestamente contrató a Raúl G.V. «prescindiendo de los requisitos de igualdad, capacidad y publicidad». Para ello contó con la «cooperación» de Manuel García, director de la oficina del INEM del municipio y entre ambos «confeccionaron un procedimiento» para adjudicar una serie de empleos al familiar del regidor.

El magistrado relata que las ofertas de empleo presuntamente se hacían «a la medida» de la cualificación Raúl G.V., favoreciendo de esta manera su selección y eliminándose a otros candidatos.

Posteriormente, el mismo rotativo publicaba con fecha 23-11-2015 que el fiscal Anticorrupción de Cádiz solicitó la inhabilitación profesional de seis mandos de la Policía Local en Andalucía por participar en la manipulación de las oposiciones celebradas en 2012 en el municipio gaditano de Puerto Serrano.

Hace tres años, 344 opositores se examinaron en una convocatoria en la que se ofertaban tres plazas de agentes. Las vacantes fueron finalmente ocupadas por el entonces novio de una de las hijas del exalcalde de la localidad, Pedro Ruiz (IU), el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera, Enrique Ruz, y un hermano de un policía de Puerto Serrano. El fiscal sostiene en su escrito de acusación que de los tres aspirantes que obtuvieron plaza, sólo el último lo hizo sin trampas.

«Pedro Ruiz Peralta, prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de alcalde de Puerto Serrano, con el ánimo de beneficiar a su futuro yerno, diseñó un procedimiento teledirigido de oposición», afirma el fiscal anticorrupción.

Para ello, sostiene el representante del Ministerio Público, le encomendó al entonces jefe de la Policía Local de Puerto Serrano, hoy subinspector, que seleccionara un tribunal con «personas de su confianza» que le garantizara que, al menos, su yerno «fuese uno de los aprobados con independencia de sus méritos y capacidades».

Los beneficiados fueron el yerno del jefe de Antequera y el novio de una de las hijas del exalcalde

Los seis mandos policiales acusados por la Fiscalía son Francisco Javier Rodríguez, responsable de la jefatura de La Puebla de Cazalla (Sevilla); Enrique Ruz, jefe de la Policía de Antequera (Málaga), Juan José Ramírez, jefe en Osuna (Sevilla); Antonio Iglesias, jefe en Arriate (Málaga) y los subinspectores en Puerto Serrano, Miguel Ángel Cintado, y en Puente Genil (Córdoba), Rafael Ruiz.

El fiscal solicita la inhabilitación de todos ellos, tanto para ocupar un cargo como un empleo público, durante siete y diez años, según cada caso. La Fiscalía dibuja dos escalones en la responsabilidad penal ya que hubo acusados que fueron miembros del jurado y otros que mandaron en su nombre a policías, asegurándose que cumplirían con la orden de favorecer a determinados opositores.

Para los dos agentes que supuestamente salieron beneficiados, el fiscal solicita que les retiren la condición de funcionarios, sean expulsados del cuerpo y no puedan acceder a un empleo público durante cuatro años. Según el representante del Ministerio Público, ambos «sabían antes de presentarse a la oposición que independientemente de cómo realizasen las pruebas resultarían aprobados».

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso ABC, el fiscal relata cómo el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera no consiguió superar una prueba física eliminatoria que consistía en un salto vertical. A pesar de ello le dejaron continuar en el proceso y varios días después, un miembro del tribunal (enviado por el suegro del aspirante) pidió al resto que se repitiese la prueba porque el aparato que medía las marcas de los opositores no funcionaba. Curiosamente ese medidor estuvo en poder de esa persona durante varios días.

Ninguno de los dos acusados que obtuvieron plaza consiguieron aprobar todas las pruebas del proceso

La prueba se repitió pero sin que estuvieran presentes el resto de opositores. El agente logró en esta segunda ocasión pasar el corte.

En cuanto a las pruebas teóricas, el que fuera yerno del exalcalde no consiguió aprobar el examen tipo test, pero durante las correcciones, el tribunal decidió subirle a todos los opositores unas décimas en su calificación, suficientes para que el acusado pudiera llegar a la nota mínima.

No es la única irregularidad que advierte el fiscal. No consta en el expediente la nota que sacaron en el examen práctico (desarrollar un supuesto práctico), que también debía aprobarse para superar el corte.

La pena más elevada que solicita el fiscal (12 años de inhabilitación) es para el exalcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz (IU), condenado por prevaricación y procesado en varias causas. La Justicia fue la que acabó sacando de la Alcaldía a uno de los regidores que más tiempo llevaba en el cargo, más de dos décadas.

(Información del procedimiento judicial redactada y publicada por ABC Andalucía)


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