La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha acordado la apertura de juicio oral por el conocido como caso Cuadras, que investiga la construcción de un picadero y la rehabilitación de una vivienda en la Hoya del Tajo, a petición del fiscal del caso.
En concreto, la juez formula acusación contra el propietario de las instalaciones, Juan Jesús G. M., por un presunto delito contra la ordenación del territorio, mientras que para el exdelegado municipal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda, José Herrera, formula acusación por un presunto delito de prevaricación urbanística, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.
Además, como se había adelantado en diferentes medios de comunicación, se acuerda el sobreseimiento de la causa contra once exconcejales del Consistorio rondeño, pertenecientes a PSOE, PP, GIL y No Adscritos, y entre los que únicamente permanece en activo la actual alcaldesa de la ciudad, Mª Paz Fernández.
El fiscal, en sus conclusiones, considera que el promotor de las instalaciones hípicas realizó su construcción en una parcela que se encuentra calificada como no urbanizable. De hecho, tras la inspección de la Policía Local de Ronda, el propio José Herrera acordó instruir un expediente sancionador en marzo del año 2006, finalizando el mismo con la imposición de una sanción como autor de una infracción urbanística muy grave.
En su escrito el fiscal explica que en noviembre del año 2004 el promotor solicitó una licencia para la rehabilitación de una casa de campo como escuela de equitación, que le fue concedida, pero considera que “no ampara las construcciones realizadas, habiendo excedido con mucho lo realmente autorizado”.
Precisamente, el fiscal considera que Herrera concedió esta licencia para estas obras aún “constándole” que las mismas eran contrarias a las normativas urbanísticas vigentes. Además, asegura que en dicho expediente hay un informe desfavorable emitido por un técnico municipal.
La mencionada licencia se concede condicionada al otorgamiento de la licencia de instalación de la actividad, aunque el fiscal mantiene que el procedimiento debe ser el contrario, por lo que no se debería haber concedido dicha licencia hasta obtener la correspondiente licencia para el ejercicio de la actividad. A ello une que debía contar con la autorización en materia medio ambiental.
El fiscal pide la imposición de una pena de 15 meses de prisión y 18 meses de multa para el promotor de las instalaciones y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de promotor o constructor, mientras que para Herrera pide la pena de 12 meses de prisión y diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.
Herrera defiende su actuación
La redacción de La Voz de Ronda se ha puesto en contacto con José Herrera, que dijo sentirse muy sorprendido por la petición del fiscal, que calificó de «incoherente en algunas de sus partes», ya que el documento «va mezclando fechas y actuaciones que poco tienen que ver con el comportamiento que se tuvo desde el Ayuntamiento de Ronda».
Herrera dijo que “el Ayuntamiento se había limitado a conceder una licencia para la rehabilitación de una casa, como se ha hecho en otras ocasiones, incluso a veces por parte del Ayuntamiento con la rehabilitación de los Molinos y luego el propietario obró por su cuenta realizando otras construcciones para las que no había solicitado la pertinente licencia”. Por ello, recuerda que se le abrió un expediente sancionador primero y luego otro ordenando que se repusieran los terrenos al estado anterior a la realización de las obras no permitidas.
Para Herrera, “el Ayuntamiento ha actuado siempre dentro de la más estricta legalidad”, lo que habría quedado probado hace unos días con el sobreimiento del caso contra los concejales de la comisión informativa que dictaminaron a favor de la concesión de la licencia. “Espero que conmigo pase lo mismo en el plazo más breve posible, añadió.
